Rechazo unánime del Sistema Universitario Español al borrador del Real Decreto de selectividad

Todas las universidades públicas de los 17 distritos universitarios presentan el mismo escrito de alegaciones ante los Ministerios de Educación y Formación
Profesional y de Universidades

31/03/2023. El 15 de marzo de 2023 se ha hecho público un nuevo borrador de Real Decreto sobre la prueba de acceso a la universidad, denominado “Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para el acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión a las Enseñanzas universitarias oficiales de grado”, con previsión de aplicación en las pruebas de acceso a la Universidad a partir del año 2024. Este borrador no sólo incide en las pruebas, tal y como aparecía en los anteriores borradores, sino que incorpora cambios en la normativa de acceso y admisión a las universidades públicas.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades abrieron un proceso de participación que comenzó el 16 de marzo y finalizó el 27 de marzo de 2023, es decir, un total de 12 días naturales para presentar aportaciones. En ese limitado espacio de tiempo se han puesto de acuerdo todas las universidades públicas de los 17 distritos universitarios para presentar el mismo documento, hecho extremadamente relevante.

Todas las universidades públicas de Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y el Principado de Asturias han remitido, a través de la página habilitada por el Ministerio, el mismo documento de alegaciones para una mejora sustancial del texto.

Se trata de un documento de 17 páginas que los 17 distritos han consensuado con cuestiones que varían desde la duración de las pruebas, la composición de los tribunales, los procedimientos de reclamación, el procedimiento de admisión o los plazos para plazas vacantes, para un total de 20 propuestas de mejora que esperan sean tenidas en consideración.

El documento, elaborado por los encargados de organizar las pruebas EBAU y la admisión en los grados universitarios, ha sido secundado por todos los vicerrectores responsables de esta área. El texto detalla cuestiones de carácter técnico relacionadas con la estructura, la organización y los procedimientos de las pruebas, con una postura unánime de que comprometen la viabilidad de las pruebas y de los procesos de admisión.

Además, todas las universidades públicas españolas consideran desleal no hacer mención a las crecientes señales de inquietud que les traslada el profesorado de Bachillerato, orientadores y armonizadores de las materias. Comparten una profunda preocupación por la viabilidad de implantar un modelo de evaluación por competencias el próximo año, ya que son demasiadas las incógnitas y demasiado poco tiempo para incorporarlas a un Bachillerato con currículo nuevo, nuevas materias y un modelo de evaluación nunca ensayado en segundo de Bachillerato y desconocido para los que han de dar instrucciones desde las universidades sobre las directrices concretas de cada materia.

Junto a esta advertencia, que pone el foco en la posibilidad de implementar las reformas sin suficientes garantías para un proceso en el que el alumnado se juega buena parte de su futuro, las universidades destacan los efectos perniciosos de algunos pilares del borrador de Real Decreto. Es el caso, por ejemplo, de la duración de los exámenes, que al pasar de 90 a 105 minutos obligará a aumentar los días de duración de las pruebas hasta a 6 días, prolongando innecesariamente el estado de tensión del alumnado en detrimento de su rendimiento.

Las universidades públicas insisten que la propuesta supone de facto la exclusión del acceso a la universidad del estudiantado que tiene derecho a adaptaciones de más tiempo, pues este colectivo se enfrentaría a 3-4 exámenes diarios de 145 minutos durante varias jornadas.

Con el mismo conocimiento de causa se detallan hasta 19 alegaciones más sobre procedimientos de reclamación, plazos, composición de tribunales, estudiantado extranjero, estudiantes con estudios universitarios, procesos de admisión o criterios de adjudicación de plazas…

Las universidades públicas declaran que la reforma que se propone adolece del debido sosiego en la toma de decisiones y de la tranquilidad suficiente para regular algo de tanta trascendencia social como las pruebas que permiten el acceso a la universidad.